El 30 de noviembre de 2022 se vota en la Asamblea Legislativa el expediente 21.336, Ley Marco del Empleo Público, la cual atenta contra nuestra autonomía universitaria y el Estado social de derecho. La aprobación de este proyecto de ley supondría que los futuros gobiernos de turno tendrían incidencia en la distribución de recursos a lo interno de las universidades y la libertad de cátedra. Además, afecta la división de Poderes del Estado, ya que deja al Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial bajo control del MIDEPLAN, y viola los derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas al permitir a funcionarios públicos ausentarse de capacitaciones sobre estos temas. Por ello, hacemos un llamado a la población estudiantil a movilizarse este martes 30 de noviembre al frente de la Asamblea Legislativa, para hacerle presión a las diputaciones para que no aprueben este proyecto de ley.

En defensa de la Autonomía Universitaria y el estado social de derecho, las asociaciones adscritas en conjunto con el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, nos posicionamos en contra de estas intenciones de grupos políticos en atacar y sobrepasar nuestra Constitución Política y la Autonomía Universitaria con la que cuenta la sociedad costarricense.

Estos atentados interfieren en el desarrollo de nuestras actividades como estudiantes tales como:

La violación clara a la Autonomía Universitaria y que al incorporar a las universidades públicas estatales en su ámbito de aplicación, y no respetar que el régimen universitario estatal costarricense comprende desde su origen preconstitucional competencias plenas en materia de administración, organización y gobierno de su propio régimen de empleo; independencia que nuestra Constitución Política le garantiza, al elevar su contenido al rango constitucional en los artículos 84, 85 y 87.

El proyecto contiene, además, disposiciones que propician la intervención del Poder Ejecutivo, no solo en el ámbito de acción de las Universidades Estatales desarrollado en forma amplia en este acuerdo, sino de otros entes que tienen niveles de autonomía otorgados por la Constitución Política de la República de Costa Rica; lo que amenaza al Estado Social de Derecho y la independencia de poderes establecidos constitucionalmente. En la aprobación de un proyecto de ley incoherente e irrespetuoso con los principios constitucionales, que quebranta el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional, así como, atenta y debilita el Estado Social de Derecho y la organización política del Estado. Además, presenta una serie de inconsistencias, omisiones y contradicciones, según los análisis indicados en los considerandos y documentos adjuntos de este acuerdo. Por lo tanto, es de suma importancia pronunciarnos como estudiantes hacia estos proyectos que cuentan con propósitos más allá de ordenar la estructura social y derechos de nuestro país.

Desmentimos que defendemos grupos o élites privilegiadas, ya que, nuestra intención es justa y únicamente, defender los derechos adquiridos de una educación pública descentralizada y accesible para todas y todos. Donde en ésta no interfieran grupos con intereses específicos, como lo puede evidenciar este proyecto de Ley “Marco de Empleo Público”.

POR UNA LEY DE EMPLEO PÚBLICO RESPONSABLE, CONSTITUCIONAL, QUE RESGUARDE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS, LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

Se realizan reuniones en conjunto con diferentes asociaciones estudiantiles, se convoca a una convocatoria para el martes 30 de noviembre del 2021. Esta no fue la única acción; se envió una carta a las diferentes diputaciones expresando las principales inquietudes y las razones por las que esta ley afecta la Autonomía Universitaria, el Estado social de derecho. La aprobación de este proyecto de ley supondría que los futuros gobiernos de turno tendrían incidencia en la distribución de recursos a lo interno de las universidades y la libertad de cátedra. Además, afecta la división de Poderes del Estado, ya que deja al Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial bajo control del MIDEPLAN, y viola los derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas.